La Policía Nacional ha detenido a un cuidador de 42 años por agredir sexualmente a una anciana de 100 años y a otra de 90 dentro de una residencia pública de mayores del municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes (Madrid), ha confirmado una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
Según las primeras pesquisas, el arrestado, José Raúl R.E., español de origen salvadoreño, que trabajaba en el turno de noche de la residencia y centro de día Moscatelares, aprovechaba la vulnerabilidad de estas personas y que estuvieran solas en la habitación para atacarlas sexualmente cuando las cambiaba de ropa.
Fue el mes pasado cuando la residente más mayor informó a una trabajadora de lo que había ocurrido la noche antes. Según ha publicado el diario El Mundo, no se le dio mucha credibilidad a la víctima y se optó por cambiar de planta a dicho empleado.
Días después, la otra víctima, de 90 años que no conocía a la anterior, informó a la dirección que había sido violada, por lo que despidió al cuidador y puso en conocimiento el día 26 de lo ocurrido tanto a la Policía Nacional como a los familiares, que también interpusieron la correspondiente denuncia.
Los agentes detuvieron a José Raúl el pasado miércoles acusado de dos delitos de agresión sexual. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con una orden de alejamiento de 200 metros de la residencia y de las víctimas, que han sido sometidas a revisiones médicas para comprobar lo sucedido.
La Policía mantiene abierta la investigación porque no descarta nuevas denuncias. Este hombre, que hasta ahora no contaba con antecedentes, comenzó a trabajar en octubre en la residencia Moscaterales, pero lleva en el sector desde 2015, por lo se está comprobando su vida laboral, han indicado las mismas fuentes.
La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha puesto en manos de la Fiscalía estos hechos y ha emprendido una inspección específica por este asunto en el citado centro. Los certificados de delitos de naturaleza sexual están establecidos por la normativa estatal en materia de protección jurídica de menores, ha recordado un portavoz de este departamento regional.
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