«Un auténtico cambio de paradigma en cuanto a restauración ecológica». Así de contundentes se muestran investigadores y científicos con la aprobación definitiva de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Un texto inédito en la Unión Europea que ha estado a punto de caer en varias ocasiones y que la vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, calificó la tramitación de esta normativa como «película de terror institucional». Dos años de negociaciones, de tiras y de aflojas que unos califican de victoria histórica y otros de grave error. ¿Por qué? El texto se puso por primera vez sobre la mesa de debate en 2022 y lo hacía como respuesta a los acuerdos multilaterales sobre biodiversidad que se han rubricado con Naciones Unidas. Ese mismo año, a finales, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad alcanzó su propio Acuerdo de París, solo que este se firmó en Montreal (Canadá). «Es una ley necesaria para poder cumplir objetivos internacionales, como el Global Biodiversity Framework», señala Alícia Pérez-Porro, coordinadora científica del CREAF y especialista en diplomacia científica, en la página web del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales. Allí, las partes se comprometieron a restaurar el 30% de los ecosistemas degradados del mundo para 2030. El texto europeo, el primero a nivel continental, busca restaurar «al menos» el 20% de las zonas terrestres y marítimas de la UE para 2030 y todos los ecosistemas degradados para 2050. Actualmente, según el consenso científico, el 80% de los ecosistemas están ahora mismo dañados. «Este texto es la clara voluntad de la Comisión Europea de detener e invertir la pérdida de biodiversidad», destaca el mundo científico y académico. «Es un claro mensaje de que Europa puede y debe comprometerse en la lucha por la supervivencia de nuestro planeta», afirman las principales organizaciones ecologistas en un comunicado conjunto tras la aprobación del texto. Ahora, los Estados miembros tienen dos años para presentar sus planes para recuperar desde bosques y humedales hasta ríos o lagos. Una hoja de ruta que primero se centrará en los espacios de la Red Natura 2000, red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad, que ya cuenta con especial protección y conservación, pero que tuvo que ser incluida en el trámite parlamentario en la Eurocámara para recabar más votos favorables. Así pues, no será hasta la próxima década cuándo se restaurarán los espacios más degradados. Además, el reglamento establece obligaciones para corregir la disminución de polinizadores , recuperar el 30 % de las turberas vaciadas para uso agrícola o eliminar barreras artificiales en los ríos de la UE. Además, los estados se comprometen a plantar al menos 3.000 millones de árboles nuevos de aquí a 2030 y han de asegurarse de que no se produzca una pérdida neta de espacios verdes urbanos ni de cubierta arbórea. La Comisión Europea recuerda que este reglamento llega con el objetivo de aumentar la biodiversidad y aprovechar el poder de la naturaleza para limpiar el agua y el aire, polinizar los cultivos y mejorar la seguridad alimentaria. No obstante, los científicos de CREAF avisan: «Debemos ver cómo se aplica y cómo se hace efectiva». Con casi 24 meses de negociaciones, la aprobación del reglamento se iba acercando a las Elecciones Europeas del 9 de junio y las posiciones entre bloques se iban distanciando. El ala conservador del Parlamento Europeo frenó en varias ocasiones el trámite de la nueva normativa. Alegaron que el proyecto de ley amenazaría el sustento de los agricultores europeos, que reduciría la producción de alimentos, que perturbaría las cadenas de suministro y que elevaría los precios de los alimentos para los consumidores. En paralelo, las protestas de agricultores se sucedieron en todas las regiones y ciudades europeas. «Siempre hemos estado a favor de la restauración de la naturaleza en su conjunto, pero no de la forma en que se ha construido o impulsado esta ley, que estaba viciada desde el principio», defendía a principios de año la organización de agricultores españoles Asaja en un comunicado. Los trabajadores del campo se «sienten traicionados» -aseguran- y denuncian que la normativa actual pone en riesgo su sustento. «Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la restauración de la naturaleza es cómo se financiará esta ley y cómo se apoyará a los gestores y propietarios de tierras para que realicen activamente cambios a largo plazo con dinero a corto plazo», señalan. «La aprobación de esta Ley puede marcar un precedente muy peligroso y es que se ha aprobado aún a sabiendas de que no tiene presupuesto y que, incluso, la propia PAC podría acabar pagando esta Ley», añaden. En el último instante, antes de ser aprobado por el parlamento comunitario, se introdujo un «freno de emergencia» que permitirá suspender los objetivos para los agroecosistemas en circunstancias extraordinarias si merman en gran medida las tierras necesarias para una producción suficiente de alimentos para el consumo de la UE. En España, la aprobación de este reglamento «debe traducirse en un Plan Nacional de Restauración y en estrategias regionales que aseguren el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo», aseguran las organizaciones ecologistas. «Es fundamental que estos documentos estratégicos se desarrollen con la máxima participación pública, incluyendo a todos los sectores», añaden.
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