El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se ha convertido en un trámite incómodo para el Gobierno de Pedro Sánchez porque no hace más que exponer sus debilidades e incoherencia debido al trato asimétrico que ha decidido proporcionar a Cataluña. El órgano debe reunirse dos veces al año, pero es muy difícil que esto ocurra, salvo para cuestiones de mero trámite. Abordar asuntos de fondo es casi imposible, como demuestra el hecho de que la financiación autonómica debió revisarse en 2014 para considerar cuestiones tan urgentes como la infrafinanciación de algunas comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, cuestión que parecía urgente cuando allí gobernaba la izquierda y que ahora parece que puede esperar. Sin embargo, se ha impuesto la tesis del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que mientras no existieran nuevos ingresos para repartir, no tenía sentido sentarse a la mesa a pactar nada. Esta vez, sin embargo, la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sí llegaba con dinero, casi un 15 por ciento más. Nada menos que una zanahoria de 154.467 millones de euros que recibirán las comunidades autónomas en 2024. Se trata de una nueva cifra récord en financiación autonómica en la historia de la democracia. El palo era la fijación de los déficit territoriales que el Gobierno quería establecer en el 0,1 por ciento, aunque la mayoría de las comunidades del Partido Popular pidieron una holgura del 0,2 por ciento. Como el Gobierno tiene exactamente los mismos votos que las demás comunidades autónomas asistentes, a Montero le bastó con que Castilla-La Mancha y Asturias avalaran su propuesta para que ésta saliera adelante. Pero el Ejecutivo sabía que lo que iba a exhibir las vergüenzas del precio pagado por Sánchez con los separatistas catalanes para conseguir su investidura iba a ser la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y el nuevo modelo de financiación autonómica sólo para Cataluña. La condonación, que fue prometida inicialmente por escrito a Cataluña y ampliada verbalmente al resto de las comunidades autónomas, ha resultado ser una cuestión accesoria, porque lo que realmente agrió el debate fue la posición de Cataluña de negarse a asistir a la reunión. La consejera de Economía y Hacienda, Natàlia Mas, explicó desde Barcelona que «la Generalitat y el Estado tienen abierta una negociación para una financiación singular de Cataluña» y que empezarán a negociar en el primer trimestre de 2024. Esto provocó las protestas de las comunidades del PP debido a la bilateralidad y el trato desigual a los demás. María Jesús Montero negó ante todos que exista «una negociación bilateral» y pidió que así constara en acta, pese a que dichas negociaciones están expresamente recogidas en el Anexo 2 del documento por el que ERC prestó sus votos a Pedro Sánchez para ser presidente. La posición de Montero, que además de vicepresidenta y ministra del Gobierno es vicesecretaria general del PSOE desde 2022, pone en cuestión la credibilidad de Hacienda, ya que es público y notorio el compromiso de su partido con el trato bilateral hacia la Generalitat catalana. O Montero tiene la facultad de desdoblar su personalidad para ocupar dos cargos que sostienen puntos de vista incompatibles o sencillamente está tomando el pelo a los representantes autonómicos. Y menos creíble resulta la actitud de comparsas de los consejeros de comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias, que se verán claramente perjudicadas.
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