El Tribunal Supremo del Reino Unido declaró este miércoles ilegal el plan del Gobierno de deportar a Ruanda a migrantes llegados a su país, una controvertida política que ha empujado con fuerza el Partido Conservador en su giro hacia posiciones de partidos de extrema derecha en Europa.
El plan, presentado en abril de 2022 por el Gobierno de Boris Johnson, consistía en enviar a solicitantes de asilo a Ruanda para que procesaran allí su solicitud aunque estas personas no tuvieran ninguna relación con ese país del Este de África. En junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos paró el primer vuelo rumbo a Kigali por la denuncia de 10 afectados al considerar que el plan podía violar la convención europea de derechos humanos. Desde entonces, tres gobiernos conservadores, el de Johnson, el efímero de Truss y ahora el de Rishi Sunak, han mantenido una batalla en los tribunales británicos para conseguir luz verde para su plan.
El Tribunal Supremo considera que hay un riesgo real de que si los solicitantes de asilo son enviados a Ruanda su petición no sea examinada debidamente y sean devueltos sin garantías a países peligrosos de los que intentan huir. En respuesta a los denunciantes, originarios de Siria, Irak, Sudán, Irán y Vietnam, el Supremo dice que hay riesgo de maltrato en el proceso y cita el principio de "no-devolución" del Derecho internacional.
El Gobierno de Ruanda ha recibido unos 140 millones de libras (unos 160 millones de euros) por su colaboración aunque todavía no ha recibido a ningún refugiado enviado desde el Reino Unido. No está claro cuál sería el coste total del plan de enviar a cientos de personas (el número tampoco está claro) a este país a 6.500 kilómetros del Reino Unido. El Gobierno británico había gastado en los tribunales 1,43 millones de libras (1,6 millones de euros) hasta julio, según los datos del Ministerio del Interior publicados por el ex director de OpenDemocracy, una web de investigación especializada en transparencia.
Ahora el Gobierno de Sunak puede intentar modificar el plan original e incluso probar con otros países. Los considerados como alternativa, según el diario he Guardian, son Turquía, Egipto e Irak.
Una de las grandes defensoras de esta política es Suella Braverman, la ministra del Interior obligada a dimitir por Sunak este lunes y cuyo principal mensajes es que el Reino Unido vive “una invasión” de migrantes contra la que tiene que reaccionar incluso saltándose la ley. La ex ministra, todavía diputada y posible aspirante a liderar el Partido Conservador publicó este martes una carta denunciando "la traición" de Sunak a su compromiso de aplicar más mano dura con la inmigración "haga falta lo que haga falta", incluida la salida de los tratados internacionales para la protección de refugiados.
Los diputados más a la extrema derecha del Partido Conservador piden, de hecho, que el Reino Unido se salga de la convención europea de derechos humanos que su propio país impulsó después de la Segunda Guerra Mundial. En 1951, el Reino Unido fue el primero en ratificar este tratado, que entró en vigor dos años después y que hoy es una pieza clave del Derecho que, entre otras cosas, sigue ligando a los británicos al resto del continente. Es parte de la ley británica y también es un factor incluido en el acuerdo de paz de Viernes Santo de 1998 que llevó a la formación del actual sistema político en Irlanda del Norte.
El Gobierno conservador tiene como una de sus principales banderas la necesidad de frenar la llegada de migrantes, en particular, en pequeñas embarcaciones por el canal de la Mancha. Más de 45.000 personas llegaron en busca de asilo desde Francia en 2022, según los datos del Gobierno. La mitad de ellas provienen de tres países: Albania, Afganistán e Irán. En lo que va de 2023, las llegadas se han reducido, aunque no está claro si ha sido por el mal tiempo en la ruta o las medidas del Gobierno.
Más allá de las deportaciones a Ruanda, la nueva ley migratoria presentada en mayo por el Ejecutivo de Sunak también puede chocar con las convenciones internacionales, como reconoce el propio Gobierno. Según la norma, entrar sin autorización en el Reino Unido descalifica a cualquier migrante para pedir asilo aunque cumpla los requisitos para recibir protección, en contradicción con los principios básicos de acogida de refugiados, que habitualmente huyen de sus países en situaciones desesperadas y no pueden hacer el papeleo hasta que llegan al país donde intentan pedir asilo.
El rechazo de la migración fue uno de los catalizadores del voto a favor del Brexit en el referéndum de 2016 y todavía es uno de los factores que movilizan especialmente a los votantes conservadores. El 57% de quienes se declaran votantes tories cree que la inmigración ha sido "mala" para el Reino Unido en los últimos diez años; también opinan lo mismo el 17% de los laboristas, según los datos de la encuestadora YouGov, que sigue la evolución.
Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha aumentado la inmigración de países de fuera de Europa mientras bajan las llegadas desde la UE y sectores clave para el país como la hostelería, la salud y el transporte sufren la falta de trabajadores.
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